Seminario Permanente: “Comunicación, Derecho a la Informción y Servicio Público”

Presentación

El debate sobre los medios de comunicación en Chile, durante las últimas décadas, enfrenta un gran problema, a saber, el carácter altamente ideológico de los argumentos que circulan actualmente.

De hecho, los argumentos sobre el derecho a una información de calidad y el derecho a la libertad de expresión son planteados como si se tratara de derechos excluyentes. Sin embargo, esta exclusión argumental es aparente y obedece más bien al modo cómo quienes se refieren a una u otra lo hacen.

Lo primero es considerar que la información se produce en el marco de un modelo económico y político concreto. Por lo tanto, el enfoque ha de ser multidisciplinario y abordar tanto el contenido que se genera como las condiciones materiales en las que se produce la información.

Por otra parte, la intensidad del debate no hace más que dar cuenta de lo que está en disputa en el ámbito político e ideológico.

Debate

Es importante considerar que los medios de comunicación son empresas informativas, ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas. Esto significa entender, por ejemplo, que se regulan por criterios y variables económicas. Es un error, entonces, dejar fuera del debate los aspectos económicos, como se ha hecho con las radios comunitarias.

Por otro lado, es necesario analizar el carácter de la información y los contenidos que generan los medios de comunicación. Hay al menos dos modos complementarios de entender la información que circula en los medios, ya sea como un bien social de responsabilidad común, que se traduce, a su vez, en la información como un derecho de las personas a ser informadas; o bien como un bien de consumo de responsabilidad particular, en cuyo caso se trata de la capacidad de los medios a expresarse libremente.

Ambos modos se presentan en una disputa que impide acercamientos.

En el primer caso, se trata de priorizar el derecho a una información de calidad, con énfasis en que se trata de un derecho amplio de las personas. En este sentido, si bien no se constituye ninguna forma de censura, se entiende que la ciudadanía tiene derecho a recibir noticias de calidad, así como programación, en general, de calidad. La televisión pública, por ende, ha de generar espacios que permitan el desarrollo de funciones educativas, culturales, etc., que no pueden ser reducidas al rating como único mecanismo de constatación de la demanda, porque éste se orienta más bien al mercado de la publicidad que a la recepción de contenidos.

En el segundo caso, se trata de priorizar la libertad editorial de los medios, en cuyo caso lo que se requiere precisamente es primero una definición pública y social de la línea editorial.

Ahora bien, lo que observamos en Chile es el predominio generalizado de un modelo centrado en la libertad editorial de expresión, a partir de una línea editorial regulada por posiciones político-partidistas y no necesariamente representativas de las demandas públicas y sociales; porque para ello se requeriría un mecanismo de consulta y verificación permanente de dichas demandas. Como esto no ocurre, se crean las condiciones para fenómenos como la consolidación de la audiencia como principal indicador de medición de los medios, lo cual, a su vez, consolida el financiamiento exclusivamente a través del mercado de la publicidad.

Por su parte, entendemos que no se trata de instalar mecanismos que operen como censura que vulnere la libertad de expresión. Diríamos que se trata también de establecer mecanismos que permitan garantizar la libertad de expresión de los diferentes públicos que debe representar la televisión pública y social.

Es importante, entonces, evitar quedarnos en la polarización del debate, si queremos llegar a una propuesta común..

La polarización del debate sólo impide avanzar en una propuesta amplia y transversal. Si no acercamos posiciones, no habrá avances. Si no nos abrimos a escuchar los argumentos del otro sin atribuirle un sesgo ideológico a priori, se mantendrá el actual ecosistema de medios que, entendemos, debemos superar para garantizar la calidad informativa sin vulnerar la libertad de expresión.

En síntesis, podríamos sostener que es necesario garantizar una pluralidad de la propiedad de los medios en el sistema y asegurar un pluralismo en el tratamiento de los contenidos de los medios. La pluralidad implica, de una parte, “emparejar la cancha” estableciendo condiciones para la existencia de una diversidad de medios, que representen a los distintos grupos políticos y culturales; en tanto que el pluralismo supone lograr que los contenidos, además de la necesaria libertad de su propia expresión, no constituyan un modo de ejercicio del control del acceso de unas posiciones por sobre otras.